El presente documento regula el acceso y uso del sitio web y de los servicios ofrecidos por Gestión Integral Operativa S.R.L. (en adelante, “GIO”), con domicilio legal en la República Argentina.
GIO brinda servicios de gestión administrativa, representación, intermediación, mandato y asistencia operativa vinculados a negocios, trámites y procesos documentales, incluyendo el análisis preliminar y la preparación de información para solicitudes de crédito ante entidades financieras y/o terceros con los que existan convenios vigentes.
GIO no es una entidad financiera, banco, prestamista, ni otorgante directo de créditos. Su intervención se limita a la gestión, organización, análisis preliminar y remisión de información, sin garantizar la aprobación, monto, condiciones ni plazos de eventuales operaciones crediticias.
El sitio puede incorporar herramientas automatizadas, formularios o sistemas de interacción digital (incluyendo bots o asistentes virtuales), cuya finalidad es recabar información suministrada voluntariamente por el usuario para su posterior análisis operativo.
El usuario declara que la información brindada es veraz, completa y actualizada, asumiendo plena responsabilidad por su contenido.
La información publicada o procesada a través del sitio no constituye asesoramiento financiero, legal, contable ni crediticio personalizado. Toda decisión que adopte el usuario lo será bajo su exclusiva responsabilidad.
GIO no será responsable por:
La información recabada será tratada conforme la normativa vigente en materia de protección de datos personales, y utilizada exclusivamente para los fines operativos propios del servicio.
Todos los contenidos del sitio, incluyendo textos, logotipos, marcas, diseños y software, son propiedad de GIO o se utilizan bajo licencia, encontrándose protegidos por la legislación aplicable.
GIO se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento. Las modificaciones entrarán en vigencia desde su publicación en el sitio.
Los presentes Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República Argentina. Cualquier controversia será sometida a la jurisdicción de los tribunales ordinarios competentes.